Se construye el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Fueron más de 700 víctimas y representantes de 366 instituciones públicas y privadas, de 31 departamentos, quienes hicieron parte de esta construcción colectiva sin precedentes en el país, y en la cual pudieron compilarse más de 3.500 propuestas y comentarios de quienes serán beneficiados directamente por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Estos espacios regionales incluyentes y equitativos, garantizaron la participación mediante una metodología basada en talleres y discusiones temáticas. Fueron siete talleres realizados en Manizales, Medellín, Bucaramanga, Cali, Santa Marta y Bogotá en los cuales participaron en promedio 180 personas. En este esfuerzo donde se privilegió la participación de las víctimas del conflicto armado o representantes de organizaciones de víctimas se contó además con el aporte de funcionarios nacionales, departamentales y municipales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, gremios y representantes del sector privado.

Entre los contenidos más discutidos y que generaron mayor participación en los asistentes estuvieron los relacionados con las medidas de satisfacción, los programas de protección, la restitución de tierras, la asistencia y atención, los mecanismos de participación de las víctimas, la coordinación Nación-Territorio, y el proceso de registro.

También fueron objeto de propuestas y de consulta los montos de los gastos judiciales, la indemnización administrativa, las medidas de rehabilitación, restitución de bienes distintos a la tierra y los sistemas de información.

Estos talleres fueron posibles gracias al apoyo decidido de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, y Aecom-Usaid.

Los objetivos del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas serán los siguientes, entre otros:


· Adoptar las medidas de asistencia y atención señaladas en la presente ley, en disposiciones vigentes y en pronunciamiento de las altas cortes sobre la materia.

· Implementar las medidas de reparación integral que sirvan a los programas que debe diseñar el Estado colombiano en procura de garantizar la reparación a las víctimas, teniendo en cuenta los principios del Derecho Internacional Humanitario, normas Internacionales de Derechos Humanos, normas constitucionales y demás vigentes sobre la materia, así como los criterios de reparación enunciados por la jurisprudencia y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

· Adoptar mecanismos que faciliten la asistencia legal a las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la restitución de los derechos vulnerados y de sus bienes patrimoniales así como el derecho a la reparación integral.

· Diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación del daño sufrido, evitando procesos de revictimización.

· Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.

· Diseñar una estrategia de atención integral a las víctimas para articular la atención que brinden las instituciones estatales a fin de garantizar la eficacia y eficiencia que se brinde a las víctimas, procurando además la plena articulación entre el nivel central y el territorial.

· Programar las herramientas necesarias para ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al Sistema de Información que permita el manejo e intercambio de la información sobre las víctimas, entre las diferentes instituciones del Estado que las atiendan, con el fin de garantizar una rápida y eficaz información nacional y regional.

Fueron más de 700 víctimas y representantes de 366 instituciones públicas y privadas, de 31 departamentos, quienes hicieron parte de esta construcción colectiva sin precedentes en el país, y en la cual pudieron compilarse más de 3.500 propuestas y comentarios de quienes serán beneficiados directamente por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Estos espacios regionales incluyentes y equitativos, garantizaron la participación mediante una metodología basada en talleres y discusiones temáticas. Fueron siete talleres realizados en Manizales, Medellín, Bucaramanga, Cali, Santa Marta y Bogotá en los cuales participaron en promedio 180 personas. En este esfuerzo donde se privilegió la participación de las víctimas del conflicto armado o representantes de organizaciones de víctimas se contó además con el aporte de funcionarios nacionales, departamentales y municipales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, gremios y representantes del sector privado.

Entre los contenidos más discutidos y que generaron mayor participación en los asistentes estuvieron los relacionados con las medidas de satisfacción, los programas de protección, la restitución de tierras, la asistencia y atención, los mecanismos de participación de las víctimas, la coordinación Nación-Territorio, y el proceso de registro.

También fueron objeto de propuestas y de consulta los montos de los gastos judiciales, la indemnización administrativa, las medidas de rehabilitación, restitución de bienes distintos a la tierra y los sistemas de información.

Estos talleres fueron posibles gracias al apoyo decidido de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, y Aecom-Usaid.

Los objetivos del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas serán los siguientes, entre otros:


· Adoptar las medidas de asistencia y atención señaladas en la presente ley, en disposiciones vigentes y en pronunciamiento de las altas cortes sobre la materia.

· Implementar las medidas de reparación integral que sirvan a los programas que debe diseñar el Estado colombiano en procura de garantizar la reparación a las víctimas, teniendo en cuenta los principios del Derecho Internacional Humanitario, normas Internacionales de Derechos Humanos, normas constitucionales y demás vigentes sobre la materia, así como los criterios de reparación enunciados por la jurisprudencia y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

· Adoptar mecanismos que faciliten la asistencia legal a las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la restitución de los derechos vulnerados y de sus bienes patrimoniales así como el derecho a la reparación integral.

· Diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación del daño sufrido, evitando procesos de revictimización.

· Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.

· Diseñar una estrategia de atención integral a las víctimas para articular la atención que brinden las instituciones estatales a fin de garantizar la eficacia y eficiencia que se brinde a las víctimas, procurando además la plena articulación entre el nivel central y el territorial.

· Programar las herramientas necesarias para ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al Sistema de Información que permita el manejo e intercambio de la información sobre las víctimas, entre las diferentes instituciones del Estado que las atiendan, con el fin de garantizar una rápida y eficaz información nacional y regional.

Ya hay un caso puntual como es Puerto Guzmán, que no ha logrado contratar a ese personal esencial y básico en zonas apartadas. Dice el funcionario que es su responsabilidad alertar sobre esa problemática que hoy padecen todos los hospitales del Putumayo, y su propósito es el de no permitir que a un mediano plazo de dos o tres años, las entidades esten desfinanciadas y con déficit presupuestal que podría llegar en este caso a unos mil millones de pesos, por no haber tomado medidas a tiempo. Ahora la única opción válida es la de no contratar ese personal. En Puerto Asís son alrededor de 21 personas que prestan esa labor y que pertenecen a sus propias comunidades. El reclamo ya se hizo evidente, a través de las juntas comunales de habitantes de alto Piñuña en la ribera del río Putumayo.

Es preocupante dijo Rincón, que primen intereses particulares y no el la comunidad, donde el sistema de salud del departamento se presta para este tipo de negocios por encima de las necesidades de la población rural (Eps como Caprecom y Selvasalud).

Ese reclamo ya se hizo público ante el propio Ministro de la Protección Social, tras su reciente visita a Puerto Asís (29 de abril) y no dió respuesta. Ahora se han enviado sendos oficios incluyendo a esa cartera ministerial y no ha habido tampoco ninguna solución.

El ente territorial, en este caso el municipio de Puerto Asís podría cubrir a través del plan de intervenciones colectivas esa necesidad, expreso el gerente de la entidad. Lo podria hacer pero no quedó incluído en el presupuesto de este año. Además nos apoyan con otros convenios finalmente manifestó.

JORNADAS HUMANITARIAS

Ha sido satisfactoria la labor que desde el inicio de año se ha logrado en zonas rurales como son las de influencia del río Putumayo y el corredor Puerto Vega-Teteyé. Es así que se ha contado con el apoyo de Médicos sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para lograr con un equipo de diez profesionales recorrer esas localidades. Resaltó Marino Rincón, que la brigada atendió de manera oportuna en la Vereda la Piña, a un campesino que cayó en un campo minado y le prestó los primeros auxilios hasta llegar a Puerto Asís, hace dos semanas.

Ya puedes visitar

SIN RECURSOS PARA LAS PROMOTORIAS RURALES…la salud.




EXPOASIS 2010


http://www.sendspace.com/file/znwpkp
http://www.sendspace.com/file/zup1hu

COLAPSÓ CASA EN ZONA DE RIESGO

De otra parte Morery Ortega, funcionaria de la alcaldía manifestó que la señora fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil. La mujer y sus hijos serán reubicados en una nueva casa por dos meses, costos que asume el Comité de Atención y Prevención de Desastres. Los objetos de valor de esta familia estarán en custodia por algunos vecinos que argumentaron prestar un local cercano para tal fin.
La casa estaba construida sobre un muro de contención, razón por al cual la administración tomó la decisión de reubicarla a esa familia, teniendo en cuenta que esa zona representa alto riesgo y es propiedad del municipio.

MOTOTAXISMO ACABA CON TRANSPORTE FORMAL.

Así lo dijo Clemencia Pantoja, Concejal del municipio y quien representa el sector del taxismo, quien argumentó que es lamentable la situación por la cual están atravesando decenas de familias, que debieron dedicarse a otros oficios porque, no es rentable sacar a las calles un taxi que requiere como mínimo 25 mil pesos en combustible para cumplir con una jornada diaria.
Son alrededor de 1800 moto taxistas (moto ratones) que están operando de manera ilegal en la ciudad, con un porcentaje considerable de personas que son foráneas o venidos de otros municipios y de la zona rural de Puerto Asís.
Dijo Pantoja que la reunión del próximo once de mayo, que convoca al sector de parte del municipio deberá ser decisiva frente ante la realidad que vive el municipio de desempleo y falta de garantías en lo que tiene que ver con el no cumplimiento de las normas y la ley. No hay garantías y las autoridades locales han propiciado el escenario para que ese flagelo se este recrudeciendo en la ciudad.
Además los bancos ya no les quieren prestar porque argumentan que el mercado del transporte esta colapsado y no es garantía otorgar créditos a largo plazo porque no hay como soportarlos económicamente.
Finalmente advirtió que de no haber salidas que definitivamente beneficien al sector, el municipio se vería abocado a demandas legales.
Ese fue un de los reclamos hechos durante el evento Colombia Crece, ante las mesas temáticas y ante el Presidente Uribe Vélez, quien reclamó decisión y mano dura de parte del municipio. Por su parte el alcalde se refirió que se han elevado los decretos en tal razón. Cinco en total desde mediados de 2008, pero el problema ahora es mucho mayor.

 
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